“La ley Cafiero es un mandato constitucional”

El ex senador Antonio Cafiero defiende la ley que se conoce con su nombre y asegura que “el Estado Nacional no puede desprenderse completamente de la Policía Federal, ni los porteños pretender que el conjunto de las provincias solventen su presupuesto”

23 de junio de 2007

Maquiavelo tuvo una desgracia. Escribir un libro para el Conde Medici en el que recopilaba casos de Príncipes que supieron conservar el poder, aun con métodos poco convencionales. Muchos de quienes estudian a este autor dicen que él era un republicano, pero su gran best seller le hizo la fama y la cama: hoy Maquiavelo es sinónimo de alguien dispuesto a todo para conseguir sus fines.

Algo similar sucede con Antonio Cafiero. Pese a su larga trayectoria política, hoy su nombre parece ser sinónimo de una ley de su autoría, la que “garantiza los intereses del Estado nacional en la ciudad de Buenos Aires”; tal vez su nombre tan largo hace que todos la conozcamos simplemente como la “Ley Cafiero”, norma que pareciera haberse convertido en sinónimo de todos los males de la Ciudad de Buenos Aires, porque es la que impide que la Capital tenga su policía y justicia propia.

Sin embargo, Antonio Cafiero se defiende: “Es una ley justa”, dice antes de comenzar la charla con Parlamentario y recuerda que en 1995 su proyecto fue aprobado por amplia mayoría en el Parlamento nacional.

En entrevista con Parlamentario, el ex senador responde a todas las preguntas sobre su polémico proyecto, y aunque reconoce que hoy puede ser susceptible a modificaciones, asegura que la base se debe mantener.

Por mayoría

- Desde hace varios años, y especialmente en esta campaña electoral porteña, los distintos candidatos a jefe de Gobierno señalan al proyecto de su autoría como uno de los responsables del problema de la seguridad en la Ciudad ¿Qué siente cuando acusan a esta ley por todos los males? 

- Creo que es importante hacer una diferenciación. Una cosa son los problemas de Buenos Aires y otra la ley. No tiene nada que ver la forma en que se ha venido administrando la Ciudad de Buenos y los problemas de sus vecinos con una ley que dispuso -tal como lo establecía explícitamente la Constitución Nacional reformada en 1994- otorgarle al Estado Nacional determinadas garantías al ceder a la Ciudad Autónoma jurisdicción sobre temas que fueron históricamente de su competencia.

- Pero hoy, habiendo pasado más de 10 años de su sanción, ¿cree que fue un error haber presentado ese proyecto, o fue un mal necesario? 

- Insisto. El dictado de esa ley es un mandato constitucional.

- ¿Y cree que su redacción es la correcta? 

- Su redacción fue votada por una amplísima mayoría en el Congreso Nacional.

- Hoy los candidatos y la mayoría de los porteños piden derogarla. ¿Usted cree que hay que eliminarla, como piden? 

- No sé si hay que derogarla o no. Lo que sí estoy seguro es que, suponiendo que el Congreso Nacional la derogue, debería inmediatamente votarse otra ley de garantías para cumplir con la Constitución.

- O sea que según su criterio siempre debería haber alguna ley que garantice determinados derechos de la Nación sobre la ciudad capital. ¿Pero entonces acuerda que mientras esto se regule la ley puede ser modificada? 

- Sí, ciertamente la ley es susceptible de ser modificada.

- ¿Qué cambios le introduciría hoy? 

- El tiempo transcurrido permite legislar contando ahora con la experiencia acumulada en la materia, la que obviamente no existía al momento de su sanción. Debe tenerse en cuenta que la ley se basó en el criterio de consensuar una construcción progresiva de la autonomía porteña. No debe olvidarse que la Ciudad es la Capital de todos los argentinos, y que muchas de las funciones que se pretende se traspasen sin más fueron construidas con largo esfuerzo por todos los argentinos. Es un debate en el que no pueden estar ausentes el resto de las provincias.

- Si tuviera que volver a redactar el proyecto, ¿Lo haría de la misma forma? 

- El proyecto de ley fue ampliamente debatido en su momento y tuvo en cuenta los consensos existentes. No creo que ellos hayan variado sustancialmente al presente, en cuyo caso no habría por qué arrepentirse de sus enunciados.

La Federal es de todos

La denominada Ley Cafiero establece parámetros para el Gobierno en una jurisdicción que sin dudas es compartida por el Presidente y el jefe de Gobierno. En algunos países del mundo -como Estados Unidos- la Capital sigue estando bajo la órbita del Presidente. De hecho los ciudadanos de Washington no tienen siquiera representación igualitaria con voz y voto en el Congreso.

El caso argentino es distinto: Buenos Aires no sólo es la Capital política del Estado Argentino sino su principal ciudad; en ese sentido sería más asimilable a Nueva York que a Washington. La comparación no es menor: es justamente esa ciudad la que logró revertir índices alarmantes de inseguridad gracias a la política decida por su intendente Rudolph Giuliani. Es el mismo ejemplo el que usa Mauricio Macri para decir que puede terminar con la inseguridad. Claro que para eso necesita contar con la policía propia. Sobre esto también opina Cafiero.

- ¿La Ciudad de Buenos Aires debe tener su policía propia? 

- La ley vigente autoriza a la Ciudad a tener una policía local. Probablemente algunos dirigentes porteños piensen que este ámbito jurisdiccional es estrecho y que correspondería ampliarlo. Nadie puede negarse a debatir el tema…

- ¿Pero quién debe financiarlo? 

- Bueno ahí está el problema. Es cierto que nadie puede negarse a debatir la creación de la policía de la Ciudad, pero de allí a pretender que la Policía Federal, sin más, dependa del jefe de Gobierno porteño, existe un abismo muy difícil de saltar. Por razones históricas, funcionales y operativas, el Estado Nacional no puede desprenderse completamente de la Policía Federal, ni los porteños pretender que el conjunto de las provincias solventen su presupuesto.

- ¿Qué candidato cree que tiene más chances de lograr la derogación de la ley, en caso de llegar a la Jefatura de Gobierno? 

- El más explícito ha sido Mauricio Macri, quien ha demandado la inmediata derogación de la ley, pero el problema es que no le ha explicado al pueblo de la Ciudad cómo piensa reemplazarla.



La Cuestión Capital o la Cuestión Federal

 JORGE HORACIO GENTILE(*) 

El triunfo de Mauricio Macri en Buenos Aires, además de un dolor de cabeza para el presidente Néstor Kirchner, reabrió la cuestión capital de la República, un problema político-constitucional nunca bien resuelto en nuestra historia. Macri pretende el traspaso de la Policía Federal -que opera en el distrito-, el Puerto y el transporte que la Nación regula y subsidia, con sus respectivos presupuestos; invocando los artículos 129 y 75 inciso 2 de la Constitución reformada en 1994; que declaró a la ciudad de Buenos Aires “autónoma”, algo más que autárquica.

Con ello dejó de ser un municipio, dentro del territorio cedido en 1880 por la Provincia para ser Capital Federal, sin llegar a transformarse en una provincia, lo que la convirtió en una especie de “ciudad-estado” con un “estatuto organizativo”, que al dictárselo en 1996 se lo llamó Constitución; con una Legislatura y un Jefe de gobierno o Gobernador, elegidos por el pueblo; y con una Justicia, limitada a lo contencioso-administrativo, faltas y contravensiones, que no se equipara a la que tienen las provincias, ya que los constituyentes de 1994 omitieron concederle la competencia ordinaria que los jueces provinciales tienen, de aplicar los Códigos de fondo en dicha jurisdicción (art. 75 inc.12). Esto explica la resistencia de los jueces de la Justicia “Nacional”; que aplican los códigos civil, comercial, penal, de minería, trabajo y seguridad social en la Capital Federal, que integran la Justicia Federal -que pagamos los contribuyentes de todo el país-; a pasar a la órbita de la ciudad “autónoma”, la que ha hecho desistir de ese propósito no sólo al gobierno federal sino también al propio Macri.

Buenos Aires fue el asiento del Virrey y de los gobiernos centrales patrios que lo sucedieron, como capital que era de la provincia de Buenos Aires, la que no estuvo representada en la Convención de 1853 que dictó la Constitución Nacional, que declaró a la ciudad de Buenos Aires Capital Federal (art. 3º). La derrota militar de Cepeda en 1859 obligó a Buenos Aires a aceptar la Constitución y al Estado Federal creado por la misma, pero sus constituyentes al aceptarla, en la reforma constitucional de 1860, suprimieron lo de la capitalización de Buenos Aires, y determinaron que el Congreso debía resolver dicha cuestión, previa cesión de la Legislatura del territorio a federalizarse.

Una ley de “compromiso” permitió que la “Reina del Plata” sea, al mismo tiempo, capital federal y de la provincia de Buenos Aires durante 18 años, pero ello terminó mal porque el gobernador Carlos Tejedor, en 1880, se levantó en contra de su anfitrión –así protocolarmente se lo maltrataba- el presidente Nicolás Avellaneda, quien terminó trasladando su sede a Chacarita, donde convocó al Poder Legislativo a sesionar en el Municipio de Belgrano; que estaba, entonces, fuera de la ciudad de Buenos Aires. El Congreso de Belgrano sesionó algunos meses, y como 40 diputados eran remisos a dar quórum, luego de ser compelidos por los presentes fueron expulsados de dicha Cámara, y de esta forma se pudo dictar la ley de capitalización de Buenos Aires, la que a regañadientes fue aceptada por la Legislatura provincial, y dos años después se fundó la ciudad de La Plata a donde se trasladó, luego, su gobierno.

Desde su capitalización Buenos Aires tuvo gobierno municipales con mayor o menor autonomía, con concejos deliberantes e intendentes elegidos o no por el pueblo; y no faltaron proyectos de trasladar la capital al interior del país. El presidente Raúl Alfonsín hizo dictar una ley de traslado a Viedma y Guardia Mitre, que al poco tiempo fracasó.

En dicho distrito el presidente no reside, ya que vive en Olivos, aunque despacha algunas días en la Casa Rosada, y elige diputados y senadores, como si fuera una provincia. En la Cámara baja está sobrerepresentada al tener 25 diputados, 7 más que Córdoba, que sólo tiene 18; y 6 más que Santa Fé, que tiene 19; a pesar de tener, ambas provincias, más habitantes. El distrito de Columbia, en la ciudad de Washington, que es la capital de Estados Unidos de América no tiene representantes (diputados) ni senadores, sino sólo un delegado, con voz y sin voto en la Cámara de Representantes, lo que motivó acciones judiciales y hasta una denuncia, en 1993, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de algunos ciudadanos del mismo reclamando que se les reconozca el derecho a votar y a ser elegidos en el Congreso.

Abrir el debate sobre la cuestión capital, para disponer traspasar la Policía Federal, el puerto y el transporte al gobierno local, con sus respectivos presupuestos, obligaría, para ser justos, a revisar los intereses del Estado Federal, que garantiza la ley Cafiero, pero también los intereses del resto de las provincias y los habitantes de todo el país, lo que significa que el debate no sería sólo de la cuestión capital, sino de la cuestión federal.

 Además del traspaso se debería acordar:

1.      Una ley que permita una representación en la Cámara de Diputados de acuerdo a la población de cada distrito, sin premio a la Capital ni el piso de 5 diputados para los distritos de menor población, y cumplir así con el artículo 45 de la Constitución.

2.      Que los porteños se hagan cargo de los costos de los servicios que se prestan en  su territorio y que deberán ser traspasados a su órbita, como la Justicia Nacional, la Policía, la Inspección de Justicia, el transporte y los demás servicios que el Estado Federal presta en la capital.

3.      El dictado de la siempre postergada ley de coparticipación federal.

4.      Se convoque a una breve Convención Constituyente Nacional, como fueron las de 1860 y la de 1866, de no más de 30 días, para modificar los artículo 75 inciso 12 y 116 de la Constitución y autorizar a la Justicia de la ciudad a entender en la aplicación de la legislación de fondo.

    No es fácil subir la apuesta en este debate como proponemos, pero la coyuntura política es inmejorable para hacerlo, dejarla pasar sería un despropósito.

                                                                                                          Córdoba, agosto de 2007.


(*) Es profesor de Derecho Constitucional de las Universidades Nacional y Católica de Córdoba y fue diputado de la Nación.

FUENTE: http://www.profesorgentile.com.ar/tema-76.html

Reflotan la idea de trasladar la Capital Federal

El proyecto apunta a definir "un nuevo diseño estratégico de planificación geográfica", según expresó el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez.

ESTRATEGIA FEDERAL. Domínguez propone que la Capital Federal sea parte de una provincia que no sea Buenos Aires. 


BUENOS AIRES.- El presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, abogó por mudar la Capital Federal a una provincia, al opinar que permitiría "construir una visión mucho más federal de la Argentina", y consideró que se trataba de una de las deudas pendientes del Gobierno nacional.

El ex ministro de Agricultura argumentó que el país "debe tener un nuevo diseño estratégico de planificación geográfica", aunque aclaró que era uno de sus "sueños".

Sin mencionarlo, Domínguez hizo recordar con esas declaraciones el fallido proyecto del ex presidente Raúl Alfonsín, durante la gestión radical de los '80, de trasladar la Capital Federal a la ciudad de Viedma.

"Creo que Argentina debe tener un nuevo diseño estratégico de planificación geográfica. Yo sueño con que cambiemos la Capital desde esta ciudad (de Buenos Aires) a una provincia, que podamos construir una visión mucho más federal de la Argentina, donde nos vinculemos al Pacífico y al Mercosur", enfatizó Domínguez.

El legislador kirchnerista, en una entrevista publicada hoy por el diario salteño El Tribuno en la que enumeró las que consideraba deudas pendientes del Gobierno, añadió: "sueño con un proceso de canalización donde aprovechemos el agua del Paraná y del Uruguay que tiramos al mar".   

"Sueño con una Argentina que materialice el liderazgo en biotecnología", concluyó. (DyN-Elcronista.com)


FUENTE:  Diario La Gaceta  - Jueves, 30 de Mayo de 2013