Traslado de la Capital en las Bases de Accion Politica de la UCR (1990)

Las Bases de Acción Política de la Unión Cívica Radical son sin duda el documento donde se encuentran plasmadas el nucleo de las ideas del Dr. Raúl Alfonsín, un verdadero testamento politico y deberían ser tomadas por todo radical como "los nueve mandamientos del alfonsinismo". Muchos de estos puntos no se llegaron a concretar durante su gobierno ni el Dr. Alfonsin los pudo ver materializados en vida, como el traslado de la Capital Federal, la UCR debería trabajar para concretarlo, ya que fue un proyecto muy anhelado por él.
Bases de Acción Politica
Sancionadas el 14 de Octubre de 1990

I.-DERECHOS HUMANOS: "Promover el respeto irrestricto de los derechos humanos y la permanente defensa del sistema democrático, garantizando la plena vigencia de las libertades públicas. Bregar junto a los Partidos Políticos y otros sectores democráticos par impulsar el debate público, el consenso y la concertación como los principales instrumentos de la acción política. Sostener la igualdad de derecho del hombre y la mujer y la lucha contra cualquier intento de discriminaciones por razones de nacionalidad, raza, religión o ideología. Promover el fortalecimiento de la sociedad sobre la base de la afirmación de la libertad de las personas, la participación y la ética de la solidaridad, haciendo de la política una herramienta concreta de transformación y resolución de los problemas sociales en poder del ciudadano. Asegurar el fiel cumplimiento de los acuerdos y convenciones internacionales a los que ha adherido la Nación sobre la defensa y resguardo de los derechos humanos".

II.- REFORMA INSTITUCIONAL: "Impulsar la reforma institucional, que incluye la reforma de la Constitución Nacional, con los objetivos básicos de descentralizar las funciones del poder, establecer sistemas de participación directa de los ciudadanos y sociales, flexibilizar el régimen presidencial promoviendo un papel más activo del congreso en la formación y control del gobierno. Modernizar el poder legislativo, para tornar más ágil y eficiente su actividad, tanto en el procedimiento y sanción de las leyes, como en sus funciones de contralor; reafirmar la independencia del poder judicial, asegurando una política presupuestaria que le de autarquía y garantice su pleno funcionamiento, modernización y eficiencia; promover mayor transparencia, publicidad e imparcialidad en la designación de magistrados, modificar las leyes de procedimientos haciendo realidad las prescripciones constitucionales de inmediatez, publicidad y fácil acceso a la protección jurídica a fin de que el Poder Judicial sea custodio fuerte, ágil e independiente de los derechos individuales".

III.- FEDERALISMO: "Reivindicar las bases federalistas y comunales que contempla la Constitución Nacional en todos sus aspectos institucionales, educativos, culturales y económicos. Promover el desarrollo político democrático armónico de cada una de las regiones geográficas del país impulsando su crecimiento económico, y consolidando la unidad nacional y la democracia en las sociedades del interior del país. Consagrar el derecho del pueblo de la ciudad de Buenos Aires a elegir su Intendente Municipal. Asegurar los intereses de las provincias y establecer un régimen autónomo para los municipios, garantizando los recursos suficientes para cumplir las respectivas funciones. Propiciar el reordenamiento territorial y la desconcentración de la población. Implementar oportunamente el traslado de la Capital Federal".

IV.- PARTIDOS POLITICOS: "Consolidar el sistema de partidos políticos a partir de su reconocimiento como las únicas organizaciones que pueden nominar candidaturas para cargos que se proveen mediante la elección de la ciudadanía, por lo tanto esenciales como expresión de la voluntad popular, como vehículo de información y formación política y como instrumentos indispensables en la formulación y realización de la política nacional. Promover el respeto de los principios democráticos en su funcionamiento interno, mediante disposiciones que garanticen la más amplia participación y el voto directo exclusivo para los afiliados en la elección de autoridades y candidatos. Sostener sistemas electorales que representen la voluntad del ciudadano y eviten la fragmentación de los partidos. Propiciar la derogación de la Ley de Lemas donde haya sido establecido y oponerse a futuras sanciones".

V.- ADMINISTRACION PUBLICA: "Impulsar la reforma de la administración pública nacional, provincial y municipal, de forma tal que el gobierno de la cosa pública responda a principios de eficiencia social, austeridad republicana, centralización, imparcialidad, equidad, igualdad y publicidad de sus actos y regulaciones. Asegurar la designación por concurso, la vigencia del escalafón y la estabilidad. La gestión administrativa deberá procurar brevedad en los plazos, sencillez en los trámites, y transparencia en los procedimientos. Será obligatorio presentar Declaración Jurada de bienes al acceder y al retirarse de la función publica en los tres poderes del Estado".

VI.- ROL DEL ESTADO: "El Estado es la expresión jurídica de la soberanía popular y el factor básico para el desarrollo económico y social y de racionalidad en su intervención sobre el mercado. El Estado contará con los recursos humanos técnicos, normativos y económicos adecuados para ejercer su protagonismo en los procesos económicos. Eficacia operativa, la democratización de sus estructuras y la permanente modernización de sus instrumentos son requisitos esenciales para que cumplan su rol. El planeamiento democrático es el instrumento de cambio estructural hacia una sociedad más justa, libre e igualitaria, imperativa para el sector público, indicativa para el sector privado. El Estado ejerce un papel indelegable en Defensa, Seguridad, Justicia y Educación, Salud y Seguridad Social. El Estado interviene, promueve y regula las relaciones económico-sociales y la reconversión y modernización productiva y de los servicios para lograr el proceso social y cultural igualitario. A esos fines impulsa especialmente la investigación e innovación científica y tecnológica promoviendo la cooperación e integración internacional con la finalidad de generar ventajas comparativas y competitivas reduciendo la dependencia externa. Orienta la asignación de la inversión y asegura la estabilidad requerida para el crecimiento económico. Fomenta la libre competencia y la capacidad creadora de la propiedad y la iniciativa privada para que cumpla una función social. Combate la usura, la especulación parasitaria y todas aquellas formas económicas que tiendan a dominar los mercados o aumentar arbitrariamente las ganancias. El Estado reconoce y apoya la función económica y social de la cooperación libre. Los servicios públicos serán prestados directamente por el Estado Nacional, provincial o Municipal, con la debida participación de los trabajadores, productores o usuarios. Podrán ser dados en concesión cuando este garantizada la mejor prestación asegurando su extensión igualitaria y respondiendo a una armónica integración social y territorial y no menoscabe la capacidad de decisión nacional. Cualquier concesión de servicios públicos esenciales en manos privadas debe evitar la constitución de monopolios, ser transparentes, racional, ordenada, fundada en valuaciones objetivas y precedidas por la sanción de un marco regulatorio adecuado, que incluya entre otros puntos la defensa de los intereses de los usuarios, el plan estratégico del desarrollo empresario y los compromisos de inversión de los futuros prestadores. Se dará prioridad a las cooperativas y organizaciones comunitarias y al capital nacional en la privatización de servicios públicos. El Estado manejará los recursos energéticos, la ampliación de sus disponibilidades, el uso intensivo de los recursos renovables garantizando la igualdad de oportunidades para todos en materia de disponibilidad energética actual y futura en condiciones comparables de continuidad, calidad y acceso para todos los habitantes".

VII.- DESARROLLO SOCIAL: "Propender a un desarrollo social presidido por los principios de equidad, solidaridad, participación popular, inherentes a una concepción amplia de los derechos humanos, que son también violados cuando se impide a los individuos el acceso a los recursos esenciales para su desarrollo integral. Los ejes de política social deben ser: la lucha contra el desempleo, la pobreza y todas las condiciones que tienden a su reproducción; la disminución de las desigualdades sociales y el mejoramiento de la calidad de vida. Es función fundamental del Estado lograr la equidad social y la igualdad de oportunidades y no proveer a un mero asistencialismo. A tal fin deberá proveer los medios para obtener el pleno empleo y el aumento persistente del ingreso de los sectores asalariados, removiendo los factores estructurales que determinan la inequidad social. Hasta tanto se obtengan esos objetivos, serán fortalecidos la vivienda digna, la protección preventiva y curativa de la salud, el acceso a la educación integral y el régimen de seguridad social que comprenda a toda la población, protegiendo prioritariamente a la niñez, a los discapacitados, al núcleo familiar y a la tercera edad. Las organizaciones sociales y empresariales y el sistema de relaciones del trabajo deben democratizarse íntegramente, a partir de la libertad de agremiación, vigorizando la negociación colectiva para encontrar las respuestas adecuadas para las exigencias de una política de crecimiento; distribución más justa de la riqueza y la mejora de las condiciones de trabajo; ratificación expresa y efectiva aplicación de los contenidos del art. 14 bis de la Constitución Nacional. Las Obras Sociales, por su carácter universal, deben estar sujetas a un contralor funcional y patrimonial que asegure su neutralidad y el adecuado cumplimiento de sus fines específicos. Se debe defender la negociación colectiva como mecanismo para mejorar las condiciones laborales y de vida de los trabajadores, así como respetar plenamente el derecho de huelga haciéndolo compatible con la prestación de los servicios públicos esenciales e impidiendo su desvirtuación por vía reglamentaria".

VIII.- ECOLOGIA: "Promover la defensa de los recursos naturales y el medio ambiente, impulsando un desarrollo integral de la sociedad ecológicamente sostenible y estableciendo medidas que impidan la aparición de impactos negativos sobre la naturaleza. Defender los recursos naturales renovables y no renovables. Garantizar a todo ciudadano el derecho de actuar en defensa de la naturaleza. Desarrollar planes integrales para solucionar los problemas que afectan la calidad de vida en el interior del país y en las áreas metropolitanas, incluyendo la acción de las catástrofes naturales. Apoyar la lucha por la conservación de los paisajes naturales, las reservas naturales, la preservación de la flora y de la fauna y los acervos acuíferos y boscosos. Trabajar contra la erosión y desertización. Promover la cooperación internacional para la defensa del medio ambiente, teniendo en cuenta los grandes problemas mundiales que afectan la conservación del planeta y la sobrevivencia de la especie humana; y principalmente, los intereses de los países en desarrollo. Planificar la gestión del ambiente, coordinando la acción de los organismos públicos y privados. Oposición absoluta a que el territorio argentino sea utilizado como deposito de residuos tóxicos, peligrosos o radioactivos".

IX.- EDUCACION: "Educar para una nueva sociedad, democratizando el poder de conocimiento y recuperando el desarrollo científico y tecnológico. Impulsar la legislación que asegure la transformación y financiamiento del sistema educativo en base a los principios de igualdad de oportunidades, posibilidades y educación para todos, consagrados en la Ley 1420 reafirmado el Rol indelegable del Estado, y las facultades concurrentes de la Nación y las provincias, garantizando la laicidad, la calidad de la escuela pública. Revertir el deterioro del sistema educativo en todos sus niveles y modalidades, dotándolo de recursos suficientes para su funcionamiento y adecuando el esfuerzo de la comunidad educativa a los desafíos que la crisis del avance científico tecnológico trae aparejados. Reafirmar los postulados de la reforma universitaria y fortalecer la enseñanza superior impulsando la formación cuaternaria y las tareas de investigación. Integración de la universidad estatal al mercado productivo y de servicios. Garantizar en todos los niveles del sistema la participación de la comunidad educativa en la toma de decisiones y en la conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje. Erradicar el analfabetismo. Garantizar el proceso educativo permanente, mediante mecanismos institucionales, formales y no formales. Ampliar la obligatoriedad de la enseñanza al ciclo medio e incentivar la enseñanza técnica con salida laboral. El monopolio de la habilitación para el ejercicio de las profesiones será responsabilidad del Estado, que controlará su calidad y eficacia. Jerarquizar el sistema científico-tecnológico, tanto en el estudio y resolución de los problemas acuciantes como en la discusión racional y libre de todos los grandes temas de la época. Asegurar el crecimiento y la vitalidad de la base científica del país. Ratificar el rol del Estado en la promoción y financiamiento de la investigación científica y tecnológica, incluyendo el estímulo a la vinculación entre la actividad productiva y la investigación científica y tecnológica, fomentando la incorporación de tecnología de avanzada en el proceso productivo. El Estado garantizará la gratuidad de enseñanza en los tres niveles".
FUENTE: Carta Orgánica Nacional de la Union Civica Radical (UCR)

Raul Alfonsin: Memorias Politicas

El traslado de la capital


La capital de la República Argentina ha constituido un problema siempre presente a partir de nuestra organización como país. La grave y prolongada disputa por su ubicación en la ciudad de Buenos Aires nunca fue saldada, a pesar de la decisión adoptada en 1880 en la que quedó oficializada su situación.

El famoso alegato en que Leandro Alem manifestó su oposición en la Legislatura de Buenos Aires constituyó una verdadera profecía -tal como ha sido llamada- que anunció las consecuencias negativas de la concentración de funciones políticas, económicas y culturales, que actuarían como un succionador de energías del resto del país, en detrimento del cual se construiría el predominio desmesurado e injusto de esa capital desequilibran te. Había triunfado la tesis unitaria que derrotó al federalismo.53 En pleno cenit de la economía atlántica, el centro del poder político ubicado en la Plaza de Mayo se unía directa y estrechamente al puerto. A partir de entonces se produjo el crecimiento fenomenal de la metrópoli; luego de ampliar su perímetro original con la incorporación de Flores y Belgrano al distrito original, esta expansión desbordó sobre el territorio de la Provincia de Buenos Aires provocando una distribución deforme de la población nacional semejante a la de los países menos desarrollados del mundo, con una gran capital y la casi ausencia de otras ciudades significativas.


Ya en 1898, el político y ensayista José Bianco planteaba en su obra Ensayo sociológico la necesidad de tener en cuenta el momento en que "los intereses de la población, los intereses permanentes de la República, el equilibrio político y social, el progreso y la civilización determinen la traslación de la capital federal a otro punto". En 1912, el presidente Roque Sáenz Peña, advirtiendo que "la ciudad de Buenos Aires se ha excedido en su crecimiento al territorio de la jurisdicción de la provincia", proponía la incorporación del distrito de Avellaneda, lo que no se concretó. En el año 1918, Juan Álvarez analiza lúcidamente los problemas derivados del crecimiento desmesurado de la Capital Federal y asevera: "No es misterio que el federalismo argentino jamás movió todos sus resortes en forma satisfactoria". Poco más tarde, en 1921, el español Adolfo Posada escribe sobre el país y dice: "La capital es un monstruo congestionado, rodeado de pampas vecinas, un cuerpo flaco con cabeza que lo hunde o asfixia"; esta comprobación es ya la anticipación de La cabeza de Goliat descrita en 1940 por Ezequiel Martínez Estrada. Ese mismo año, Alejandro Bunge en su obra Una nueva Argentina describe las deformaciones del país y afirma que "el grado de prosperidad puede medirse por la distancia a que se encuentran los centros poblados y los distritos rurales de Buenos Aires". En 1942, dos obras se ocupan del traslado de la capital: la del coronel José María Sarobe, especialista en temas patagónicos, y la de Leopoldo Velazco. Pero, como observa en 1944 Bonifacio del Carril en Buenos Aires frente al país: "Las fauces del coloso continúan insaciables su tarea absorbente, mientras el cuerpo de la Nación dolorida vegeta perdiendo día a día la esperanza de la salvación".54


En 1980, el conglomerado bonaerense alojaba al 35% de la población del país en menos del 1 % de los casi tres millones de kilómetros cuadrados de superficie del territorio continental. La concentración económica y financiera era aún más fuerte: se consumía el 39% de la energía, se ocupaba el 45% del personal en el sector terciario y el 48% en el sector manufacturero. Y lo mismo podía verificarse en otros indicadores respecto de la educación, la cultura, el poder político y todos los demás aspectos de la vida de la sociedad.


Estas solas cifras dan una imagen clara de la aberración de la organización -o mejor sería decir la falta de organización- de nuestro territorio nacional. De esta gigantesca aglomeración escribe la geógrafa Elena Chiozza: "La ciudad pierde su dimensión humana y si para muchos sigue siendo todavía un bien deseable, para otros tantos es motivo de agobio y de quebranto de su salud física y mental"; y para los habitantes del resto del país, el dualismo existente se traduce en la frase del común: "Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires".


La conciencia de esta situación tuvo múltiples manifestaciones en el Congreso Nacional. Los proyectos parlamentarios proponiendo la creación de comisiones especiales para el estudio de la ubicación de una nueva capital o bien el traslado de su sitio actual a distintos lugares o ciudades del país son numerosos. A partir de 1958 hay nueve propuestas de estudio, la última de ellas en 1985, con la misión de determinar el lugar más conveniente al sur del río Colorado; y existieron seis propuestas de traslado, de las cuales tres son de 1986.


Ese año, el presidente Alfonsín -que había solicitado al Consejo para la Consolidación de la Democracia que le diera su opinión sobre el tema- envió el proyecto del traslado de la capital a ubicarse próxima a la desembocadura del río Negro, en ambas márgenes del mismo, en un lugar que incluía los emplazamientos de las ciudades de Viedma y Carmen de Patagones en las provincias de Río Negro y Buenos Aires, respectivamente.55 En sus fundamentos se refería a las controversias apasionadas y los desencuentros históricos que el tema había suscitado, para lo cual planteaba una "solución profunda a lo que es ya un problema nacional". Recogiendo los antecedentes sobre el tema destacaba: "En pocas cuestiones como en ésta ha habido una tan clara conciencia, a partir de la decisión de 1880, de las graves perturbaciones que la capitalización de Buenos Aires iba a traer al desarrollo general de la República. En pocos casos como en éste, el transcurso del tiempo, lejos de ir atenuando las dificultades que se previeron en su momento, ha llevado las mis- mas a extremos que culminaron con una deformación del conjunto nacional".56


La propuesta tiene un sentido profundamente federalista e integrador. En efecto, el río Negro separa el territorio argentino en dos, y el lugar elegido es un punto de articulación entre la parte del país históricamente ocupada y esa enorme región patagónica casi vacía, llena de posibilidades inexplotadas y observada como un promisorio espacio futuro. La capital imaginada se aproxima a la extensísima costa atlántica, mal protegida y con una riqueza marítima apetecida por otros y escasamente aprovechada por nosotros. La infraestructura existente de comunicaciones la vinculaba ya entonces de manera bastante satisfactoria tanto con el norte como con el sur y el oeste del país, habiéndose convertido este último espacio andino en una zona en proceso de transformación y crecimiento en las dos décadas precedentes. El sitio es físicamente de una singular belleza. El río tiene allí 250 metros de ancho entre ambas costas y está atravesado por dos puentes, uno de ellos ferrocarretero. En su enorme extensión, que vincula los Andes con el océano, es navegable para diversas embarcaciones, por lo que presenta posibilidades de un importante desarrollo de las comunicaciones y los intercambios por esa vía. Tiene, igualmente, un enorme atractivo turístico: ejemplo de ello es que existe una extraordinaria competencia náutica internacional que une cada año su nacimiento en la confluencia con los ríos Limay y Neuquén, con su desembocadura en el Atlántico, a más de mil kilómetros. En la orientación norte-sur del país, la localización de Viedma-Carmen de Patagones está ubicada a una distancia equivalente en ambas direcciones. La zona posee un clima benigno y saludable, con un alto número de días de asoleamiento, excelentes playas, sitios y bellezas naturales próximas, que configuran un paisaje que proporciona condiciones para una elevada calidad de vida.


Las ciudades elegidas tienen una fuerte historia conjunta de más de dos cientos años. El Fuerte del Río Negro, fundado en 1779 por Francisco de Viedma al sur del río, dio origen al nacimiento de Carmen de Patagones en la margen norte perteneciente a la actual provincia de Buenos Aires. Este emplazamiento -que conserva un relevante patrimonio histórico urbanístico- tuvo una importancia singular: vinculó Buenos Aires con el sur del país y fue el centro de intercambios con las poblaciones indígenas patagónicas hasta la cordillera. Sus funciones y su valor estratégico se incrementaron cuando en 1825 se produjo la guerra con Brasil. Debido al bloqueo del puerto de Buenos Aires por la armada imperial, el Carmen se convirtió en el único puerto accesible para los barcos de bandera argentina. En esas circunstancias se produjo el hecho heroico en el que los pobladores capturaron el buque de guerra llegado hasta sus costas y derrotaron a los invasores. En el año 1878, para marcar su soberanía sobre los territorios del sur, el gobierno creó la Gobernación de la Patagonia, que abarcaba desde la margen derecha del río Negro hasta la Tierra del Fuego. La capital fue constituida en la margen sur del histórico fuerte, en la actual ciudad de Viedma. Todo esto es indicativo del carácter articulador que este emplazamiento tiene desde su propio origen, y que se pone de manifiesto en distintos momentos y circunstancias de la historia de nuestro país, como señalando este destino futuro para la ubicación de la nueva capital.


El traslado debía provocar un cambio no sólo en la organización de nuestro territorio, produciendo una distinta localización de la población y de las funciones urbanas, sino que, como señala Jorge Enrique Hardoy en su obra The planning of new capital cities, la experiencia internacional muestra que la creación de una nueva capital se conecta con cambios en la orientación económica y demográfica en los territorios que se gobernarán desde allí y tiene repercusiones a menudo fundamentales en la dirección subsiguiente del desarrollo del país. Ése era, precisamente, el objetivo propuesto. Al igual que lo sucedido con Río de Janeiro en Brasil, Sydney en Australia, o Nueva York en Estados Unidos luego de la construcción de las nuevas capitales en estos países, la ciudad de Buenos Aires seguirá siendo el principal centro de la vida nacional. Se marcó entonces el propósito de convertirla en la capital cultural latinoamericana, vocación a la que no debemos renunciar y que debemos propiciar sin vacilaciones y con iniciativas contribuyentes a esa finalidad. Desde su inicio, el proyecto estuvo estrechamente asociado con la reforma administrativa del Estado nacional en la que se venía trabajando. La descentralización que significaba la nueva capital estaba asociada a cambiar no sólo el lugar de gestión administrativa del gobierno, sino la estructura y la calidad de su desempeño, a producir una discontinuidad entre las prácticas anquilosadas y las rutinas enquistadas y a introducir la modernidad en los procesos de reflexión y decisión, y en la gestión. Se preveía la localización de las funciones estratégicas de gobierno en el nuevo centro, el mantenimiento de algunas funciones de gestión en Buenos Aires, y "la descentralización hacia todos los rumbos del resto de las actividades artificialmente concentradas en nuestra Capital Federal, cada una de las cuales debe ir a localizarse allí donde lo aconseje su naturaleza". El traslado selectivo y por etapas de los servicios del Estado fue programado para que su realización se hiciera de manera consensuada y libremente consentida, con una amplia participación de los agentes gubernamentales. Fueron abiertas de inmediato instancias de diálogo con sus organismos representativos.57


El Congreso Nacional sancionó la Ley de traslado de la Capital, y las correspondientes legislaturas provinciales de Buenos Aires y de Río Negro aprobaron las cesiones de tierras respectivas.


Para poner en marcha la ejecución de las tareas requeridas fue creado el Ente para la Construcción de la Nueva Capital Empresa del Estado (ENTECAP), dependiente de la Presidencia de la Nación, que inició en julio de 1986 los trabajos de programación necesarios, trazó las líneas directrices de un plan general de desarrollo urbano, preparó los llamados a concurso de componentes urbanos particulares y los pliegos de licitación de las primeras obras ) básicas de infraestructura, y procedió a la adaptación de obras existentes en ejecución o previstas.


Pero el avance del proyecto tropezó con poderosas inercias y la indiferencia o la resistencia de los intereses manifestados históricamente. En el propio gobierno, el temor al cambio y al desafío que se había planteado apoyaba su reticencia en las dificultades presupuestarias, que se anteponían como una limitación al proyecto. Como lo ha interpretado Rodolfo Pandolfi:58


Se llegó a un punto en que resultó demasiado complicado avanzar con una propuesta utópica. Aunque se tratara casi de una utopía administrativa, el proyecto Viedma no apuntaba hacia las satisfacciones inmediatas sino que constituía una idea fundacional que formaba parte del esquema global. [...] La creación de una nueva Capital fue una de las ideas fundacionales del gobierno radical y mostró sus virtudes más apreciables (la vocación por romper ataduras y generar una vida cotidiana más libre que acompañara a un Estado independiente, la capacidad de imaginar) y sus falencias más evidentes. Entre ellas está la dificultad de comunicación con la gente pero, sobre todo, la dificultad que hizo razonar a Shakespeare: un solo defecto, la indecisión, tiene la fuerza necesaria para permitir que se imponga el fracaso.


El escaso avance logrado en las realizaciones en el terreno facilitó la decisión del gobierno asumido en 1989 de dejar caer el proyecto.


Sería deseable que esta cuestión, que sigue y seguirá teniendo la misma trascendencia como causa de los graves desequilibrios del país y las injusticias sociales que provoca, pueda ser objeto de un análisis y de una reflexión sistemática que involucre a la ciudadanía argentina. Si así fuera, la "capital congelada" del autor citado precedentemente podría volver a ser un reto para una generación futura, que haga suya la propuesta visionaria no realizada del presidente Alfonsín.



Fuente: RAUL ALFONSIN MEMORIAS POLITICAS